Todos los gobiernos deben:

  • Desarrollar, financiar e implementar planes creíbles para la implementación de la agenda MDS 4 al completo. Los gobiernos deben:
    • “...garantizar el suministro de 12 años de educación primaria y secundaria gratuita, financiada de manera pública, igualitaria y de calidad” (Marco para la acción Educación 2030).
    • Planificar para suministrar una educación genuinamente gratuita, mediante la eliminación de tarifas de uso y otros cobros, en la educación primaria y secundaria y finalizando el apoyo a las llamadas escuelas privadas de bajo coste.
    • Dar prioridad a objetivos hasta ahora ignorados respecto a la educación de la primera infancia, de jóvenes y adultos y la educación y formación postsecundaria/técnica y vocacional.
    • Establecer planes nacionales completos y a largo plazo para garantizar que el suministro de profesores cualificados crece de forma sustancial, y para garantizar que profesores y educadores son dotados de poder, están bien formados, cuentan con cualificación profesional, están motivados y son apoyados.
    • Revisar planes educativos, propuestas presupuestarias y gastos para un impacto diferencial en niñas y mujeres, personas con discapacidades, comunidades indígenas, refugiados y personas desplazadas y otros grupos desaventajados, a través de auditoras de género e inclusión, para abordar las desigualdades educativas.
    • Resistir el estrechamiento de la definición de la educación de calidad para que se limite a resultados de aprendizaje estrechamente definidos, tal como se evalúan mediante exámenes estandarizados, y garantizar que planes de estudio, libros de texto y sistemas de evaluación están en línea con los derechos humanos existentes, bajo la comprensión de las metas de la educación.
  • Fortalecer los marcos de gestión de la educación y el sistema general de educación pública:
    • Destinando un mínimo del 6 % del PIB y del 20 % de los presupuestos nacionales a la educación del cual al menos el 50 % debe dedicarse a la educación básica.
    • Maximizando los ingresos disponibles para la inversión en educación y abordar la desigualdad a través de la creación de sistemas fiscales progresivos y expandidos, la revisión de los impuestos de los acuerdos fiscales y de royalties en el sector de los recursos naturales y el cierre de los agujeros que permiten la evasión de impuestos por parte del sector privado.
    • Invirtiendo el crecimiento de la privatización de la educación mediante la mejora de la escala y calidad del suministro público y mejorando la capacidad de planificación, monitoreo e implementación.
    • Estableciendo mecanismos robustos para la supervisión y regulación de los actores del sector privado en línea con la resolución del Consejo de derechos humanos, exigiendo la regulación del sector privado.
  • Establecer mecanismos claros para la transparencia y la responsabilidad, de modo que la ciudadanía pueda garantizar la realización de la agenda Educación 2030 y el derecho a la educación en general. Esto conlleva:
    • Ofrecer un espacio formal y estructurado para una participación activa y con sentido de la sociedad civil, incluyendo a asociaciones y sindicatos de profesores, como parte del diálogo social respecto a la legislación, planificación, presupuesto y monitoreo.
    • Garantizar que estos mecanismos responden y priorizan la participación de mujeres, personas con discapacidades y representantes de comunidades marginadas.
    • Rechazar políticas o legislaciones que penalicen a activistas de la sociedad civil e invertir el hundimiento del espacio para la sociedad civil.

Además, los países donantes deben:

  • Hacer su trabajo para garantizar la implementación local de la agenda MDS universal.
  • Establecer planes nacionales claros para lograr el 0,7 % del PIB como AOD para 2020 y dedicar al menos el 15-20 % de toda la AOD a la educación. Al menos la mitad de la ayuda a la educación debe dedicarse a la educación básica.
  • Destinar al menos el 4% de la ayuda humanitaria a la educación.
  • Realizar promesas audaces para financiar la educación (en el reabastecimiento de la AME y La Educación no puede esperar), invirtiendo los recientes declives en el gasto en educación.

El sector privado debe:

  • Pagar todos los impuestos aplicables de forma transparente en los países en desarrollo donde generan beneficios y no aceptar exenciones/incentivos fiscales, transferencia de precios, la agresiva elusión fiscal y el uso de paraísos fiscales, que privan a los gobiernos de fondos para invertir en educación.
  • Prometer contribuciones financieras a la Alianza Mundial por la Educación durante el reabastecimiento 2017.

El sistema de la ONU y la comunidad internacional deberán:

  • Apoyar a los estados miembros en los anteriores objetivos para cumplir con la visión de una educación gratuita, financiada públicamente, igualitaria y de calidad.
  • Tomar medidas para garantizar la regulación del sector privado en educación, en línea con la resolución del Consejo de los derechos humanos.
  • Garantizar una financiación adecuada de la Alianza Mundial por la Educación (AME) para apoyar la implementación de la agenda Educación 2030.
  • Elaborar un sistema humanitario más inclusivo que reconozca la necesidad de acciones continuas para suministrar educación en escenarios de emergencia, incluyendo emergencias crónicas.
  • Reiterar el valor de la educación como bien público y colectivo, reiterar la necesidad de la educación pública y exigir una regulación más sólida de los proveedores privados, en línea con la resolución del Consejo de los derechos humanos al respecto.
  • Llamar al aumento del gasto para promover una educación igualitaria, inclusiva y de calidad, para estudiantes de grupos marginados, tales como personas con discapacidades, comunidades agrícolas y pueblos indígenas.